El control económico es uno de los que mayor presión ejercen sobre las mujeres víctimas de violencia de género. No tener independencia económica les impide romper lazos con sus agresores: sin trabajo ni dinero es imposible rehacer sus vidas lejos de sus verdugos.
Por eso, la Policía Local de València y el Colegio de Detectives Privados llegaron a un acuerdo a principios de este 2021 con el fin de auditar el patrimonio y verificar la situación económica que muchos agresores manifiestan para eludir el pago de las pensiones compensatorias.
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Los detectives privados han estado trabajando durante meses en el seguimiento de varios agresores machistas que aseguran tener dificultades económicas que les impiden realizar el pago de las compensaciones económicas a sus víctimas.
Este seguimiento va dirigido a todas aquellas mujeres que se encuentran en una situación difícil económicamente, sin recursos para contratar a un detective que acredite los ingresos o el patrimonio de un agresor obligado al pago de una pensión de alimentos o compensatoria que elude habitualmente.
Los detectives logran tomar fotografías y documentar cada paso que dan los maltratadores que buscan esquivar las imposiciones legales para seguir vapuleando a sus exparejas. Entre otros, han 'cazado' trabajando a un agresor que aseguraba estar en paro y sin dinero. Lejos de ser cierto, fue fotografiado con la furgoneta de trabajo y accediendo a edificios donde desarrollaba su actividad profesional.
«Es una prueba de cargo que se puede aportar con un informe pericial realizado por detectives colegiados y que no tendrá ningún costo para las víctimas con menos recursos», apuntaba Estefanía Navarrete, comisaria y coordinadora del Grupo GAMA de la Policía Local de València, a este diario tras la firma del acuerdo entre la policía y los detectives. Navarrete destacó el valor de una iniciativa con la que se pretende reducir «la desigualdad entre las mujeres que sí tienen recursos para hacer una investigación y las que no.
«La dependencia económica cronifica la violencia de género, probablemente sea una de las formas de violencia contra la mujer menos visible pero más cruel y cobarde que ejerce el maltratador contra ellas y contra sus hijos», declaró Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València.
«El beneficio principal para esas mujeres víctimas de violencia
de género es que esas medidas civiles que se toman a raíz de una orden
de protección y que no se llevan al cumplimiento porque el agresor
oculta bienes, ahora se puedan cumplir porque hay una prueba de cargo
que facilite una sentencia judicial», señaló Octavio Morellá, decano del
Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana.
Fuente: levante-emv.com
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